Desde Jacarandas presentamos un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Beatriz para insistir en la urgencia y necesidad de que se despenalice el aborto en El Salvador. En este escrito presentamos los estándares y recomendaciones internacionales de diferentes organismos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador.
Esta situación resulta en que muchas mujeres recurran a prácticas peligrosas e incluso mortales y se abstengan de requerir servicios médicos cuando tienen emergencias obstétricas por miedo a ir a prisión.
Beatriz era una mujer salvadoreña de 22 años que vivía en situación de pobreza y quedó embarazada por segunda vez en 2013. Los médicos le recomendaron a Beatriz la práctica de un aborto terapéutico ya que debido a la enfermedad autoinmune que tenía se encontraba en riesgo su vida y su salud. Además, el feto venía con una malformación que lo hacía incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, la ley impedía a los médicos practicar el aborto.
La salud de Beatriz seguía empeorando y su defensa solicitó amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, pero allí no se surtió un trámite oportuno. A su vez, varias organizaciones presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se dictaron medidas provisionales para realizar el tratamiento médico recomendado. Mientras tanto la salud de Beatriz empeoraba y las autoridades no cumplieron con las medidas cautelares ordenadas. Por esta razón, la Corte IDH intervino y ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para permitir el tratamiento médico.
El 3 de junio de 2013 el Gobierno permitió que se practicara una cesárea temprana a Beatriz que ya se encontraba después de la vigésima semana de embarazo, cuando la interrupción del embarazo no se considera medicamente un aborto, sino un parto inducido. Tal como se preveía, el bebé murió horas después del parto. Años después Beatriz falleció como consecuencia de complicaciones en su estado de salud luego de un accidente de tránsito.
El caso de Beatriz representa la tortura física y mental que viven las mujeres en El Salvador porque se enfrentan a un panorama discriminatorio que prohíbe de manera absoluta el aborto, incluso en los casos donde se encuentra en riesgo su vida y su salud. Esto muestra cómo este tipo de sistemas desconocen la vida y la realidad de muchas mujeres en las que, además, confluyen varios factores de vulnerabilidad.
Por estas razones desde Jacarandas insistimos en las múltiples obligaciones internacionales de El Salvador, teniendo en cuenta que la penalización total del aborto va en contra de los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes. Igualmente señalamos que es necesario que se ordenen garantías de no repetición resaltando el rol judicial que tienen las altas cortes en América Latina para la despenalización del aborto y para ello describimos los casos de Colombia, México y Ecuador.
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