Después de la despenalización del aborto, esto es lo que sigue

En Jacarandas, tras la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia, nos hemos preguntado: ¿Qué sigue en la lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué medidas adicionales se requieren para garantizar que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a servicios de aborto seguros y de calidad? Para responder estas inquietudes, el año pasado decidimos adelantar un proceso de investigación con uno de los centros de salud con mayor experticia en la atención del aborto: el Hospital La Victoria, ubicado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C.

Esta investigación, descrita exhaustivamente en nuestro libro “Tenemos derecho a elegir. Hospital La Victoria: Análisis del ecosistema sostenible para el aborto, impacto legal y desafíos”, exploró cuáles factores han sido determinantes en el posicionamiento de este centro médico como un referente en la prestación del servicio de aborto en todo el territorio colombiano. En el proceso, examinamos aspectos como la fuerza laboral; apoyo y liderazgos políticos; política y legislación; financiamiento e insumos; normas sociales y apoyo comunitario, entre otros. Lo anterior, con el propósito de identificar buenas prácticas y estrategias útiles en diferentes ámbitos para poder promover su implementación en otros hospitales que, actualmente, no brindan el servicio de aborto o tienen grandes oportunidades de mejora.

Así las cosas, ¿qué medidas adicionales se requieren para garantizar que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a servicios de aborto seguros y de calidad dentro del sistema de salud?

Siguiendo la experiencia del Hospital La Victoria, la construcción de un servicio de aborto que garantice una atención digna y humanizada requiere especial atención a dos componentes clave: 

1. Un/a líder/esa del servicio, o en su defecto del área de ginecología y obstetricia, comprometido con los derechos de las mujeres y personas gestantes.
2. Un equipo interdisciplinar que acoja ese compromiso, cuente con el conocimiento técnico necesario para atender cualquier edad gestacional y las habilidades clínicas para brindar una atención empática y humanizada.

El primer elemento es fundamental, pues las personas que ocupan posiciones de liderazgo deben reconocer su responsabilidad en la construcción de servicios respetuosos con los derechos reproductivos y, en esa medida, priorizar la implementación de estrategias que faciliten su garantía. Por ejemplo, a través de la gestión de recursos para medicamentos e insumos y/o fomentando la legitimidad del equipo al generar espacios de capacitación en línea con las últimas recomendaciones clínicas disponibles. Por otro lado, la disponibilidad de un equipo interdisciplinar que pueda responder a las diferentes necesidades de las mujeres y personas gestantes es una medida indispensable para que no se configuren barreras, en especial en los casos de gestaciones avanzadas, y se brinde una atención integral que atienda preocupaciones físicas y psicosociales. 

Si dichos componentes claves son puestos en práctica, la jurisprudencia a favor del derecho al aborto tiene un impacto positivo en las cifras de acceso y también en la edad gestacional de las solicitudes. De hecho, nosotras documentamos que, en el Hospital La Victoria, después de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación la cantidad de procedimientos realizados mensualmente aumentó en un 72,4% con respecto a los dos años anteriores. Adicionalmente, evidenciamos que, en los dos años posteriores a la sentencia, la edad gestacional de las personas que accedían al aborto disminuyó en un 12,5%. Esta cifra es de especial importancia al tener presente que este centro de salud se especializa en interrupciones del embarazo en edades gestacionales avanzadas.

Persisten los retos

Ahora bien, a pesar de que los elementos que detallaremos a continuación no son fortalezas del entorno del Hospital La Victoria, como oportunidades de mejora demuestran que continúa siendo un reto la despenalización social del aborto y la consecusión de recursos para los servicios médicos especializados. Por un lado, la persistencia del abordaje del aborto como una cuestión de opinión o debate en los medios de comunicación ha generado confusiones en las mujeres y personas gestantes que desean acceder a este servicio, además de provocar ataques contra el personal de salud que garantiza este derecho. Como consecuencia, se deben generar estrategias de comunicación, en conjunto con las comunidades, para contrarrestar mitos y desinformación sobre aborto.

Igualmente, las restricciones en el financiamiento disponible para el sistema de salud y la insuficiencia de insumos ponen en riesgo que las mujeres y personas gestantes puedan elegir libremente el método a través del cuál desean interrumpir su embarazo. Por eso, es esencial promover acciones de incidencia que aseguren un abastecimiento continuo de los insumos necesarios para el aborto y un acceso resiliente, asequible y equitativo para todas las mujeres y personas gestantes.  

Todavía hay mucho por hacer para garantizar que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a servicios de aborto seguros y de calidad dentro del sistema de salud.

‍

‍